Hacia fines de marzo del 2026 tuve el placer de ser invitado por Martín Moya a colaborar en su texto "Educación, desigualdad y democracia en el Perú: prioridades estratégicas de política pública." publicado en el libro "Propuestas para gobernar el Perú 2026-2031"
El texto original de mi colaboración fue:
En el debate público peruano, conectividad suele entenderse cómo acceso a Internet. Infraestructura digital educativa, en cambio, alude a la base material y técnica que hace posible ese acceso y su uso: redes, cableado, routers, energía, dispositivos, almacenamiento, soporte y mantenimiento. A ello se suma la idea de conectividad significativa, que recuerda que no basta con la cobertura nominal: importan también la calidad, estabilidad, continuidad, cobertura efectiva dentro de la escuela y pertinencia del servicio. Sobre esa base, proponemos el concepto de conectividad educativa para nombrar una visión más amplia: aquella en la que el acceso, la infraestructura y la calidad se articulan con propósito pedagógico, plataformas, recursos digitales, nuevas didácticas interactivas y colaborativas, y desarrollo de capacidades en docentes, directivos y estudiantes.
El registro reciente del propio Minedu confirma la persistencia de brechas y retrocesos en el acceso a Internet escolar público. Según ESCALE, entre 2021 y 2024 retrocedió el porcentaje de escuelas públicas con acceso a internet. En primaria pública cayó de 51,8% a 37,4%. En secundaria pública, de 75,7% a 71,1%; además, la desigualdad territorial sigue siendo severa: en primaria el acceso llega a 85,5% en el área urbana, pero solo a 27,2% en el área rural; en secundaria, la diferencia es 90,0% frente a 61,0%.
Una institución educativa puede recibir Internet, tablets o computadoras, pero si no cuenta con red interna funcional, energía estable, mantenimiento, soporte, plataformas adecuadas, recursos utilizables y capacidades docentes para integrar lo digital en su práctica, esa inversión tendrá efectos limitados o efímeros. La experiencia peruana reciente sugiere justamente eso: avances parciales, persistencia de desigualdades, retrocesos en algunos indicadores y una preocupante discontinuidad de la rectoría pública. En esa lógica, la política digital escolar ha tendido a confundirse con equipamiento más Internet, cuando debería pensarse como una política pedagógica integral.
Por ello, una política pública seria en este campo debería organizarse en cinco prioridades. La primera es recuperar la rectoría pública en conectividad educativa. El Minedu debe volver a asumir un rol claro en la definición, coordinación y seguimiento de una política nacional, con metas multianuales, presupuesto identificable, responsabilidades definidas entre niveles de gobierno y mecanismos de rendición de cuentas.
La segunda es definir estándares nacionales de conectividad significativa e infraestructura digital educativa. El país debe tener parámetros mínimos sobre calidad, estabilidad, cobertura wifi en aulas, red interna, equipamiento esencial, mantenimiento y capacidad de uso pedagógico, diferenciados por nivel y territorio.
La tercera es priorizar la arquitectura digital interna y los ecosistemas híbridos online/offline. La política no debe pensar la conectividad solo como acceso externo a Internet. Cada institución educativa debería contar con red local funcional, posibilidad de compartir recursos digitales, acceso a materiales utilizables sin conexión permanente y condiciones mínimas para el trabajo colaborativo y la continuidad pedagógica.
La cuarta es articular infraestructura, plataformas y desarrollo de capacidades. Invertir en redes sin invertir al mismo tiempo en contenidos, mediación y soporte es un error. La infraestructura digital educativa debe ir de la mano con el fortalecimiento de plataformas públicas como PerúEduca, con recursos digitales utilizables en línea y fuera de línea, y con formación continua para docentes y directivos. El país necesita fortalecer en la formación docente inicial y continua no solo habilidades técnicas, sino también criterio pedagógico, responsabilidad ética, capacidad de mediación, ciudadanía digital y uso crítico de la inteligencia artificial.
La quinta es desarrollar una estrategia territorial diferenciada basada en redes escolares físicas. No existe una única solución para todas las escuelas del país. En algunos territorios será prioritaria la fibra óptica y la última milla; en otros, soluciones inalámbricas o satelitales; en otros, una combinación progresiva donde la red interna, el acceso offline y la articulación territorial tengan más peso al inicio. Por eso, la política debería fortalecer a la institución educativa como nodo de cohesión local y promover redes escolares territoriales físicas que permitan compartir soporte, recursos, formación y aprendizajes entre escuelas y comunidades.
El reto no es solo expandir acceso a Internet en las escuelas. Es construir una política de conectividad educativa capaz de articular acceso, infraestructura digital educativa, calidad, propósito pedagógico, plataformas, recursos, desarrollo de capacidades y vínculos entre escuela, familia y territorio. Solo una política de Estado orientada al aprendizaje, la equidad territorial y la cohesión social podrá convertir la conectividad educativa en una verdadera palanca de mejora de la educación pública.
